El gremialista justificó su pedido, al reconocer que la actividad “viene mal desde el 2007, ocasión en que comenzó la debacle con la pérdida de más de 500 puestos de trabajo que no volvieron a recuperarse más y eso repercutió fuertemente en el comercio local”.
En ese contexto, Aguilar destacó haber mantenido hace algunos días atrás una reunión con el intendente Luís Ampuero y distintos gremios pesqueros a fin de “diagramar un esquema de trabajo y ver de qué manera podemos palear esta situación de crisis –ya que-en la última reunión, las empresas nos manifestaron que no van a comenzar la actividad el año que viene, lo cual nos preocupa porque Puerto Deseado depende pura y exclusivamente de la pesca”. afirmó
El sindicalista recordó que durante una reunión que se llevó a cabo en Buenos Aires los empresarios admitieron que el 2011 fue un año de buenas capturas pero con una retracción muy fuerte de los mercados.
“La reunión en la que también estuvo el ministro de la producción Jaime Álvarez y el subsecretario de Pesca Juan Carlos Braccalenti nos dejó muy preocupados porque el sector empresarial afirma que la situación es crítica, que tienen langostino stokeado y que nadie quiere comprar. Ellos tienen un discurso que es el mismo de todos los años, pero también es cierto que hay una cuestión que no se puede obviar con respecto a la suba de costos. Sabemos que producir en la Patagonia sale mucho más caro que producir en Mar del Plata y eso es lo que está matando a la actividad porque no existe una política diferencial para la región”, analizó el gremialista puntualizando que desde la caída de los reembolsos no hubo más compensaciones para el sector.
“Hoy por hoy la actividad está en riesgo y creo que una medida política sería decretar la emergencia pesquera nacional para Puerto Deseado como se decretó para el campo. Hemos perdido más de 500 puestos de trabajo, más muestra que eso imposible”, comentó, agregando que “con esos antecedentes cualquier diputado puede pedir la emergencia pesquera”.
Consultado sobre de qué manera podría instrumentarse este beneficio y a quienes alcanzaría, teniendo en cuenta que uno de los principales argumentos que esgrime el sector empresarial son los jugosos salarios que la tripulación percibió durate los meses de campaña y que en agunos casos sobrepasó los 200 mil pesos. Aguilar destacó que ese no es el caso de los operarios pesqueros nucleados en el STIA.
“Un trabajador de planta está percibiendo 50 mil pesos por año, nuestra situación es muy distinta y sumado a ello la falta de materia prima para procesar. Algunas empresas ya terminaron el poco calamar que tenían en sus cámaras y tampoco tienen merluza así que no sabemos como vamos a empezar el año que viene”, sostuvo el gremialista, y agregó para finalizar que; "la emergencia tendría que repercutir de manera positiva sobre el trabajador como una herramienta para incrementar la producción, tendría que ser planteada como una posibilidad de incremento de trabajo y no como mera exención de impuestos”, consideró.(Mar&Pesca).
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